La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) presentó la Guía de Análisis de Riesgo y de Evaluación de Impacto en la Protección de Datos en el marco de la inminente entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) el 25 de mayo, con el fin de ayudar a las empresas en la adaptación a la nueva normativa.
Las empresas que tratan datos personales deberán establecer las medidas necesarias para garantizar los derechos y libertades de los interesados. En la presentación, la AEPD subrayó que uno de los principios clave es la responsabilidad activa. En aquellos casos en los que los tratamientos impliquen un riesgo alto para la protección de datos, el RGPD dispone que esas organizaciones están obligadas a realizar una evaluación de impacto.
Análisis de riesgo en protección de datos
La Guía de Análisis de Riesgos recoge una metodología adecuada para evaluar el nivel de riesgo en relación con los tratamientos de datos personales que realizan. Esta guía también incluye plantillas y anexos de gran utilidad para empresas y profesionales.
El análisis y la gestión de riesgos son procedimientos que permiten a las empresas realizar un diagnóstico sobre los riesgos para los tratamientos de datos personales y, en ocasiones, aportar información suficiente para decidir si es necesario o no llevar a cabo una Evaluación de Impacto en Protección de Datos.
Evaluación de Impacto en protección de datos
La Evaluación de Impacto es un proceso que permite a las organizaciones identificar los riesgos que un sistema, producto o servicio puede implicar para los derechos y libertades de las personas y, tras haber realizado ese análisis, afrontar y gestionar esos peligros antes de que se materialicen. La Guía de Evaluación de Impacto en la Protección de Datos ayudará a las empresas a identificar las actividades que conllevan un alto riesgo y a establecer las medidas de control más adecuadas para minimizar el mismo antes de iniciar el tratamiento. Al igual que la Guía de Análisis de Riesgos, ésta también incluye plantillas y anexos que serán útiles para llevar a cabo la evaluación.
En el proceso, la organización debe conocer para qué y cómo se van a utilizar los datos, identificar, evaluar y tratar los riesgos potenciales y elaborar un plan de acción donde se incluyan las medidas de control para garantizar los derechos y libertades de las personas.
Pidan presupuesto sin compromiso de implantación de la normativa vigente
