Captar imágenes y vídeos con medio de un dron ya hace tiempo es una realidad. El número de drones registrados en España no para de crecer. En el año 2020 la venta de drones ha multiplicado por cuatro en todos los ámbitos. Este aumento supondrá un 10% del mercado aeronáutico, o sea que tenemos que prestar especial atención al desarrollo de la normativa al respecto.
Ante esta proliferación de aeronaves la protección de datos se ha convertido en una prioridad, tanto para la AEPD como para los usuarios.
Riesgos de los drones
El principal riesgo de utilización de drones es la indetectabilidad. Pueden grabar a 400 – 600 metros de altura captando cualquier tipo de señal pasando inadvertidos. Para combatir este problema es prioritario que el ciudadano que resulta ser grabado esté debidamente informado.
Deber de informar de uso de drones
Para proveer esta información, valdría cualquier tipo de canal:
- carteles
- medios de información
- folletos
- redes sociales
A partir de estar informado, el usuario tiene derechos de acceso, oposición o cancelación para poder borrar sus datos.
Cada año más de 3.000 personas reclaman sus derechos sobre esta información.
Nuevo Reglamento Europeo y drones
A pesar de que el Nuevo Reglamento Europeo no tiene ningún apartado específico sobre uso de los drones, a estas aeronaves se les aplicaría la nueva normativa al igual que a cualquier otro dispositivo.
En concreto se indica que sería aconsejable “cuando se vayan a utilizar tecnologías que se consideran altamente invasivas con la privacidad como la videovigilancia a gran escala, la utilización de aeronaves no tripuladas (drones) … la geolocalización…”, realizar la Evaluación de Impacto en la Protección de Datos.
Dictamen AEPD
También cabe destacar el Dictamen de la Agencia Española de Protección de Datos en lo que se refiere al uso de drones.
El documento alerta de que la utilización de estas aeronaves plantea riesgos para la privacidad, recogiendo las obligaciones que deben cumplirse.
Pidan presupuesto sin compromiso de implantación de la normativa vigente