Unión Europea vuelve a marcar un hito en el camino hacia la sostenibilidad. Esta vez hablamos de la aprobación de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés).
Directiva sobre diligencia debida de las empresas
La Directiva sobre diligencia debida de las empresas (CSDDD) fue aprobada por el Parlamento Europeo este 24 de abril. Esta directiva marca un antes y después en la regulación de las prácticas empresariales de la Unión Europea.
La directiva establece diferentes requisitos para que las empresas realicen diligencia debida en la identificación y mitigación de impactos adversos en derechos humanos y medioambiente. También tendrá el impacto en la elaboración de planes climáticos. Según primeras estimaciones, esta nueva normativa afectará a más de 5.000 empresas.
A qué empresas afectará
La aplicación de la CSDDD afectará a grandes empresas con más de 1.000 personas trabajadoras y más de 450 millones de facturación anual y aplicará de forma gradual:
- 2027: empresas con 5.000 personas trabajadoras y 1.500 millones de euros
- 2028: empresas con 3.000 personas trabajadoras y 900 millones de euros.
- 2029: empresas con 1.000 personas trabajadoras y 450 millones de euros.
- Empresas de terceros países con actividades en la UE. En este caso, sólo se referirá a su facturación. En 2027 afectará a las que facturen 1.500 millones de euros, en 2028 a las que tengan 900 y en 2029 a las de 450.
- Pequeñas y medianas empresas (pymes), en un principio, no entran directamente en la propuesta aunque se verán afectadas como parte de la cadena de suministro.
Diligencia debida y obligaciones de las empresas
La directiva establece algunas obligaciones para el cumplimiento de la debida diligencia debida, tales como: contar con una política de diligencia debida, determinar los efectos negativos reales o potenciales en los derechos humanos y el medioambiente, prevenir y mitigar los posibles efectos negativos, establecer y mantener un procedimiento de reclamación, etc.
Sanciones
Además, se establecen sanciones tanto a nivel administrativo como civil con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la CSDDD. Las autoridades supervisoras estarán encargadas de monitorear el cumplimiento y podrán imponer sanciones basadas en el volumen de negocios neto mundial de las empresas que infrinjan las normas de hasta el 5%.
