El Estatuto de Trabajadores en su art. 55.1 prevé que «el despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos». Por ello, la inexistencia de comunicación escrita determina de forma automática la improcedencia del despido.
Carta de despido
La carta de despido debe cumplir el requisito de consignar de manera suficiente los «hechos que lo motivan» en una calificación jurídica que debe tener en cuenta una gran variedad de circunstancias concretas, como:
- tipo de imputación,
- posición del trabajador despedido en la organización de trabajo,
- etc.
Ha de proporcionar al trabajador un conocimiento claro, suficiente e inequívoco de los hechos que se le imputan para que pueda impugnar la decisión empresarial y preparar los medios de prueba que estime convenientes para su defensa.
Inclusión de datos personales del trabajador en la carta de despido
La Audiencia Nacional, por ejemplo, estimó oportuna inclusión de los documentos relativos a diversos pagos efectuados con la tarjeta de crédito en diferentes peajes ajenos a la relación laborales en la carta de despido. Esta documentación hacía falta para avalar y acreditar la extinción del contrato.
En cambio, en otro caso sobre un despido por ineptitud, determinó que la declaración de no apto por el servicio de prevención, propio o ajeno, no excusa al empleador de justificar la concurrencia de los requisitos legales del despido por ineptitud sobrevenida. Para esto puede valerse de cualquiera de los medios de prueba admisibles en derecho, por ejemplo, citando a juicio al facultativo que suscribió el informe declarando no apto al trabajador para que explique cuáles son las concretas dolencias y por qué no puede desempeñar sus funciones.
Inclusión de datos personales de terceros
No es posible la inclusión de estos datos, ya que los responsables del fichero están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero.
Pidan presupuesto sin compromiso de implantación de la normativa vigente
