Para que los menores presten su consentimiento al tratamiento de sus datos, su empresa debe informarles de los puntos a los que obliga la normativa en el momento de la recogida de los datos de un modo que ellos sean capaces de entender. Por lo tanto, olvide de los tecnicismos y los términos legales y pida a los chicos su consentimiento para tratar sus datos personales empleando un lenguaje comprensible para su edad.
Los datos de los que informar
Tiene que indicarles claramente:
- Que están recabando sus datos
- Que con ellos se está elaborando un fichero o tratamiento
- Con qué fin
- Quién es el responsable del fichero o tratamiento de los datos
- Donde y cómo ejercer sus derechos
- Qué preguntas de las que se formulan son obligatorias y cuáles no
En cualquier caso, y de forma general, tenga en cuenta en todo momento la edad y madurez del público objetivo al que se dirige.
Datos de la familia
La normativa prohíbe expresamente recabar del menor datos que permitan obtener información sobre los demás miembros de la familia, las características de ésta o su entorno familiar, por ejemplo información del tipo de «¿a qué se dedican tus padres?», «¿cuánto ganan?», «¿cuántos hermanos tienes?», etc.
La única información familiar que puede pedirles es la identidad y dirección de sus padres o tutores, y ello con el fin de poder pedirles la autorización necesaria si son menores de 13 años.
Conservación de documentación
Su empresa tiene la obligación de conservar los documentos o cualquier otro soporte utilizado que acredite el cumplimiento del deber de información. Para ello podrá guardar las pruebas en soporte papel o las grabaciones de sonido. Si se trata de soporte papel, no sólo está permitido, sino que puede ser recomendable recurrir al escaneado de la documentación, pero siempre y cuando o se alteren los soportes originales.
Su empresa deberá conservar los datos personales de los menores asegurando que estén actualizados, no pueden ser usados para fines distintos y debe garantizar su seguridad y secreto. Además, deberá cancelarlos cuando ya no sean necesarios.
Pidan presupuesto sin compromiso de implantación de la normativa vigente