Si su empresa recaba y trata datos de menores de edad, debe saber que la frontera para tener su consentimiento (o tener que solicitar el de sus padres) está en los 13 años, según el nuevo Reglamento Europeo. La Agencia Española de Protección de Datos está muy sensibilizada con los datos de menores que circulan por la red. Le ofrecemos un caso real que pone de manifiesto dónde está el peligro para las empresas.
Caso práctico
Hechos
Un portal de juegos infantiles online fue denunciado ante la AEPD por permitir el acceso a una chica menor sin haber recabado previamente el consentimiento de sus padres. Para acceder a la web era necesario registrarse y para ello se solicitaba la dirección de correo electrónico y una confirmación de la edad, que no fue verificada por los responsables del fichero. La menor se registró mintiendo sobre su edad y fue descubierta por sus padres, que presentaron la denuncia.
El portal de juegos declaró que al entregar los datos el usuario manifestaba ser mayor de la edad de la frontera o, en su defecto, tener el consentimiento de los padres o tutores legales. Además la web ponía a disposición de los padres una dirección de e-mail específica para que en caso de incidencia pudiesen ejercer su derecho de revocación de consentimiento.
Infracción
Los responsables de la página web recogieron y trataron los datos personales de una menor sin el consentimiento paterno, lo que supone una infracción grave. Además corresponde al responsable del fichero establecer procedimientos que garanticen que se ha comprobado de forma efectiva la edad de los usuarios, y en caso de menores, la autenticidad del consentimiento de los padres o tutores.
Quedó entonces acreditado que el portal web no cumplía con las medidas legales exigidas para la recogida de datos en caso de menores de 14 años, especialmente la verificación de la edad y la acreditación del consentimiento.
No obstante y tras valorar las circunstancias del caso y al apreciar una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado, sólo impone a la empresa una sanción de 2.000 euros.
Pidan presupuesto sin compromiso de implantación de la normativa vigente
