En el ámbito de relaciones laborales el empleador tiene la facultad de imponer a los trabajadores los sistemas de vigilancia y control que estime oportunos, siempre que no lesionen sus derechos. No obstante, la implantación de un sistema de estas características no atiende a estas finalidades de vigilancia y control, sino que trata de fomentar las ventas de sus trabajadores, por lo que esta medida no puede ser impuesta a los empleados sin contar con su consentimiento.
Consentimiento en el entorno laboral
Sin embargo, de cara a una posible recogida del consentimiento de sus trabajadores debe saber que éste debe ser libremente prestado. Lo cual en el entorno laboral es muy difícil.
Además, puede que algunos de los trabajadores no deseen consentir este tratamiento de sus incentivos de ventas. Por otro lado, el consentimiento siempre es revocable, por lo que puede que alguno de los que ya lo hayan prestado lo revoque con posterioridad.
Disociación
Por todos estos motivos, es mucho más seguro y adecuado que su empresa lleve a cabo la disociación de la información relativa al número de ventas e incentivos cobrados por cada trabajador como consecuencia de ellas, de forma que esta información no pueda de ninguna manera ser asociada a un trabajador concreto de forma personalizada.
Este proceso requiere no sólo la eliminación del nombre y apellidos de cada trabajador, sino que será necesario filtrar la información económica de forma que el número o tipo de operaciones no permita identificar al trabajador.
Por lo tanto, si reduce al mínimo la información que va a publicar y elimina de ella cualquier referencia que haga posible identificar al trabajador al que corresponde, podrá utilizar este sistema de incentivos con seguridad y evitar denuncias por parte de sus propios empleados.
Hay otra posibilidad para poder fomentar las ventas de su empresa. Si el comité de empresa se pronuncia considerando estas medidas como controles que efectúa el propio empresario a su trabajador al amparo del Estatuto de los Trabajadores, entonces podrían hacerse públicos los incentivos cobrados por los trabajadores.
Pidan presupuesto sin compromiso de implantación de la normativa vigente
