La situación actual de morosidad
La situación económica general ha disparado la morosidad, por lo que las empresas se ven obligadas a utilizar todos los recursos a su alcance para conseguir el cobro de las cantidades pendientes. Por eso, las empresas con facturas pendientes de pago recurren a los ficheros de morosos intentando presionar a sus deudores a través de las consecuencias negativas que para ellos tendrá su inscripción.
Paralelamente, también se han incrementado las denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos por incumplimientos, errores y abusos relacionados con este asunto.
¿Qué son ficheros de morosos?
Los ficheros de cumplimiento e incumplimiento de obligaciones dinerarias, más conocidos como ficheros de morosos, son ficheros privados gestionados por empresas también privadas cuya regulación se encuentra en el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Su misión principal es proporcionar información sobre la solvencia económica de una determinada persona o empresa.
Estos ficheros sirven para:
- recoger y almacenar los datos sobre deudas y deudores que les proporcionan sus afiliados
- proporcionar esta información cuando sus afiliados lo requieran y tengan un interés legítimo en obtenerla
Estos permite a las empresas que los consultan juzgar o evaluar el riesgo que supone entablar una relación comercial gracias a la infroación que obtienen acerca del tipo e importe de deuda.
Por otro lado, los ficheros de morosos constituyen un elemento de presión sobre los deudores inscritos en ellos, dado que cualquier persona que sea incluida en este tipo de ficheros o bases de datos se verá afectada por consecuencias negativas. Pueden ser la imposibilidad de conseguir un crédito, préstamo, hipoteca o cualquier tipo de pago aplazado, además de efecto negativo que tendrá en la reputación del afectado.
¿Qué tipo de empresas consultan estos ficheros y qué supone para el deudor?
Las empresas que consultan estas bases de datos son de muy diversa naturaleza y entre ellas se encuentran bancos, entidades financieras y compañías telefónicas que consultarán esta lista antes de aprobar la concesión de sus productos o servicios.
Para el deudor inscrito esto se traduce, por ejemplo, en problemas tan graves como no poder siquiera solicitar una tarjeta de crédito, dar de alta una línea telefónica o alquilar una vivienda.
Pidan presupuesto sin compromiso de implantación de la normativa vigente
