El trabajo de detectives privados consiste en realizar averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación de información sobre conductas o hechos privados de diferentes ámbitos (económico, laboral, mercantil, financiero, etc.) En ningún caso se puede investigar la vida íntima de las personas que transcurra en sus domicilios u otros lugares reservados.
Licitud de tratamiento de las investigaciones de detectives privados
Los servicios de investigación privada se deben ejecutar con respecto a los principios de razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad, según el artículo 48.6 de la L 5/2014.
La AEPD considera lícito el tratamiento de datos que puedan derivarse de la realización de actividades de investigación privada siempre que resulte ajustado a los principios de limitación de la finalidad y minimización de datos.
Control por detectives privados en el ámbito laboral
Según diversas Resoluiciones de la AEPD, el encargo de la agencia de detectives de un informe supone el establecimiento por ambas partes contratantes de una relación negocial y puede ser calificado como encargado del tratamiento.
La realización de tratamientos por cuenta de terceros debe estar regulada en un contrato que debe constar por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar su celebración y contenido. El encargado de tratamiento únicamente puede tratar los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, no los utilizará con el fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a terceros.
No hace falta consentimiento
En el caso de las averiguaciones de los detectives privados se utilicen en tribunales, no se precisa el consentimiento del investigado, ya que en este caso se trataría de una cesión legal.
Pruebas de detectives
La prueba de detectives fundamentada en la grabación puntual y limitada en el tiempo de imágenes no vulnera el derecho a la protección de datos que se contiene en la Constitución artículo l 8.4.
Pidan presupuesto sin compromiso de implantación de la normativa vigente
