Los ciudadanos tienen derecho a que se les aplique la normativa de protección de datos y se les garantice «la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de la Administración de Justicia. Además, la ley obliga a la Administración de Justicia a poner a disposición de las partes un servicio electrónico de acceso restringido donde éstas pueden consultar, previa identificación y autentificación, al menos la información sobre el estado de tramitación de cada procedimiento, siempre respetando la normativa de protección de datos personales. A los abogados y procuradores será de obligación cursar la formación en Protección de Datos.
Así, la información sobre el estado de tramitación del procedimiento comprenderá la relación de los actos de trámite realizados, con indicación sobre su contenido, así como la fecha en la que fueron dictados. La ley también fija las normas para garantizar la seguridad del intercambio de datos en las comunicaciones.
Capacitación profesional
A los futuros abogados y procuradores no les bastará tener el título de licenciado en Derecho para ejercer su profesión. El sistema de capacitación profesional de abogados y procuradores establece un sistema de formación que se sostiene sobre tres pilares básicos: la realización de un curso formativo específico en el que se han de adquirir un conjunto de competencias profesionales, el desarrollo de un período de prácticas externas y la realización de una evaluación de la aptitud profesional que culmina el proceso de capacitación con carácter previo a la inscripción en el correspondiente colegio profesional.
Formación en protección de datos
Así, entre el paquete de competencias que la norma obliga a que contengan los cursos de formación a los que deberán someterse abogados y procuradores, están las que les permitan «conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como su marco jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal«.
Pidan presupuesto sin compromiso de implantación de la normativa vigente
