Los hechos
Una mujer denunció ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a su centro público de salud porque el médico le entregó en la consulta los resultados clínicos de otra persona junto a los suyos. Cuando acudió nuevamente para comunicar el error, le dijeron que tirara a la basura los de la otra paciente.
En la fase de actuaciones previas, el centro de salud denunciado admitió su responsabilidad en la entrega indebida de esta documentación y aclaró que pudo ser que el médico cometiera un error al coger los resultados para entregárselos a la denunciante, dado que los apellidos de ambas pacientes empezaban por la misma letra.
Normativa
Los datos relacionados con la salud están especialmente protegidos al considerarse información sensible que afecta a la intimidad de las personas, por lo que su protección obliga a adoptar, además de las medidas de nivel alto. La Agencia considera que el centro de salud no adoptó todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad en la entrega de los resultados clínicos, lo que supone una infracción grave. A ello se suma el incumplimiento de la obligación del secreto profesional, hecho que está tipificado como una falta muy grave.
Resumen
En los casos en que se produzca concurso de infracciones, es decir, que la comisión de una infracción derive en la comisión de otras, se impone únicamente la sanción por la falta de mayor gravedad. Dado que en este caso se ha producido una vulneración de las medidas de seguridad, calificada como grave, y también un incumplimiento del deber de guardar secreto referido a datos especialmente protegidos, calificado como muy grave, procede imputar únicamente la infracción correspondiente al deber de secreto. La AEPD no impone una multa por tratarse de un organismo público, pero requiere al servicio autonómico de salud responsable del centro que adopte las medidas necesarias para extremar la seguridad y verificar la identidad del paciente en cada entrega.
Pidan presupuesto sin compromiso de implantación de la normativa vigente