Algunos clientes solicitan la cancelación de sus datos después de finalizar su relación comercial con una empresa para no recibir envío publicitarios que no desean. Es fundamental que su empresa actualice las bases de datos continuamente si no quiere enfrentarse a sanciones importantes.
Derecho de cancelación
El derecho de cancelación es uno de los derechos de los interesados reconocidos por la normativa de protección de datos, que permiten a los ciudadanos tener control sobre la información que sobre ellos poseen otras personas, especialmente empresas y organismos. El responsable del fichero y/o tratamiento es el encargado de asegurarse de obtener el consentimiento expreso e inequívoco del afectado para tratar sus datos de carácter personal. El incumplimiento de esta norma es una infracción grave y sancionada con importes significativos.
Bloqueo y conservación
El ciudadano dispone del derecho de cancelación para bloquear y eliminar sus datos, conservándose únicamente a disposición de las administraciones públicas, jueces y tribunales para las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento de los datos.
No obstante, también podrán conservarse los datos durante el tiempo en que pueda exigirse algún tipo de responsabilidad derivada de una relación u obligación jurídica o de la ejecución de un contrato o de la aplicación de medidas precontractuales solicitadas por el interesado. La empresa tendrá que comunicar al cliente la cancelación de los datos en un plazo de 10 días, de lo contrario el afectado podría acudir ante la AEPD para la tutela de su derecho.
Errores informáticos no son excusa
Cada vez son más las sanciones que impone la AEPD por errores informáticos.
Ausencia de mala fe
Y aunque el responsable de tratamiento demuestre una incidencia informática fortuita, de carácter involuntario y carencia de mala fe, es muy probable que la Agencia Española de Protección de Datos rechace el recurso por este motivo y ratifique que no se atienden correctamente las solicitudes de cancelación de datos personales del denunciante.
Pidan presupuesto sin compromiso de implantación de la normativa vigente
