¿Sabe cuántas contraseñas informáticas utilizan la fecha de nacimiento, el nombre de un hijo del usuario o simplemente «123456»? Como bien saben los hackers, se trata de alguna de las reglas nemotécnicas más socorridas a la hora de elegir las contraseñas y, por lo tanto, más fáciles de averiguar. Pero, además, también existe el riesgo de incumplir la normativa de protección de datos.
Pautas a facilitar a sus trabajadores
Por ello, está obligado a facilitar a sus trabajadores algunas pautas:
- evitar palabras que estén en el diccionario;
- que tengan al menos ocho caracteres;
- no emplear sólo letras o sólo números, sino combinarlos e incluir símbolos y mayúsculas;
- que la contraseña sea distinta del «usuario»;
- no utilizar el nombre o apellidos ni los nombres de los hijos ni de la mascota;
- no utilizar el número de NIF, la matrícula del coche;
- no compartirlas ni revelarlas;
- no escribirlas en un post-it pegado a la pantalla del ordenador;
- no guardarlas en el mismo ordenador en un archivo de fácil acceso ni nombre evidente;
- no utilizar la misma contraseña para distintos usos.
Lo que debe hacer su empresa
- La programación informática de las contraseñas deberá establecer que éstas se cambien al menos con una periodicidad anual y que no se pueda repetir ninguna de las últimas diez usadas.
- Su empresa debe almacenar las contraseñas de forma ininteligible.
- El acceso debe bloquearse si repetidamente ( 3 o 5 intentos) se intenta acceder a ficheros.
- Deberá llevarse un control de los accesos de los dos últimos años.
- Las contraseñas deben impedir el acceso a todos los sistemas y aplicaciones informáticas de la empresa.
- Los dispositivos portátiles también deben incluir contraseñas o cifrado de datos.
- En caso de falta de actividad del usuario durante cierto tiempo, el sistema debe requerir de nuevo la introducción de usuario y contraseña.
- Cualquier problema relacionado con las contraseñas debe ser considerado incidencia, pues puede afectar a la integridad de los datos personales de la empresa.
Pidan presupuesto sin compromiso de implantación de la normativa vigente